La normativa contempla la firma de convenios con instituciones educativas técnicas y el servicio penitenciario N°8 para que los alumnos e internos fabriquen colilleros, que serán colocados en diversos lugares públicos de la ciudad.
De esta forma se busca proteger el ambiente puesto que las colillas tienen un impacto muy negativo al ser altamente contaminantes.
La ordenanza regulatoria contempla fuertes multas para los infractores.