Más allá del éxito de la medida y a pesar de la solicitud de otros sectores productivos exportadores que también quieren un tipo de cambio diferencial, lo cierto es que desde el Gobierno afirman de manera tajante que el dólar soja fue algo absolutamente excepcional y que incluso no se extenderá más allá de septiembre. El mecanismo nació también ante el fuerte retraso que mostraban las ventas de soja y a pesar de que la liquidación del agro se sostenía en niveles elevados, fenómeno que sucedía gracias a los altos precios de los granos.
Hasta agosto pasado las empresas agroexportadoras liquidaron en el año un total de poco más de u$s25.000 millones y se espera, entonces que se sumen en septiembre más de u$s5.000 millones. En tanto, según los cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario, teniendo en cuenta otros complejos agroexportadores como el maíz, trigo, girasol y sorgo, la liquidación durante todo este 2022 superaría los u$s41.000 millones, marcando así otro récord.
En este marco, este jueves el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se reunión con miembros de la Mesa de Enlace con el foco puesto en las economías regionales y los pequeños productores. Es que el propio ministro de Economía, Sergio Massa, cuando anunció la puesta en marcha del dólar diferencial para las exportaciones de soja mencionó que parte del dinero recaudado estaría destinado justamente a programas tendientes a revitalizar sectores del agro que hoy atraviesan complejas situaciones ante la escalada de sus costos de producción y la dificultad de encontrar mercados competitivos para exportar.
Al encuentro pautado a última hora del jueves, asistieron los líderes de CRA, Coninagro y Federación Agraria. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina fue el único que pegó el faltazo. El dirigente directamente anunció que no asistiría al encuentro en reclamo ante la suba de tasas al financiamiento de los productores de soja que conservan más del 5% de su cosecha.
Pino fue categórico y detalló que la Resolución del Banco Central que adoptó la semana pasada “es una medida que suena a extorsiva y discriminatoria, perjudicando a los productores agropecuarios del país. Además de encarecer los créditos, en estos días vemos con mucha preocupación que se están alterando las condiciones comerciales en la compra de maquinarias, insumos y herramientas de trabajo, haciendo perder también a la economía en general. La institución financiera debe actuar como autoridad monetaria y debe dar marcha atrás con esta resolución por el bien de toda la sociedad”.
Desde el Gobierno intentan salir de la polémica y explican que la resolución acompaña justamente el tipo de cambio excepcional fijado para los productores de soja en septiembre y que el objetivo justamente es que se acelere la liquidación en una campaña que mostró un fuerte retraso en las ventas.
