El pedido de explicaciones a la DAJuDeCO fue enviado después de la llegada de una nota firmada por referentes de la Coalición Cívica, alineados con Elisa Carrió, dirigida al presidente supremo, Horacio Rosatti, donde reclamaban que los jueces opinen y hagan cesar lo que llaman "hostigamiento", en alusión a la causa a cargo del fiscal Picardi. Carrió es una de las dirigentes más mencionadas en el análisis de expresiones contra Gils Carbó, empujada a renunciar en 2017. La causa sobre la "mesa judicial", que tiene a Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y varios exfuncionarios en la mira por la ofensiva desatada durante el gobierno anterior contra varios jueces y la exprocuradora, basada en campañas de desgaste, denuncias y presiones. Los supremos no firmaron por sí mismos la "providencia" para el organismo de escuchas e investigación, sino que lo delegaron al director jurídico, Sebastián Clérici. No había acuerdo entre los cuatro. El principal disenso fue de Ricardo Lorenzetti, enfrentado con Carrió --quien lo denunció incontables veces-- y que tiene una buena relación con la conformación actual de la DAJuDeCO, que se expandió mientras él era presidente del tribunal.
En la Corte suelen decir que la DAJuDeCO no depende de ellos, con lo cual fue atípico o un cambio de posición el reclamo de argumentos al organismo que hoy dirige el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra y secunda Juan Rodríguez Ponte. Ellos decidieron dar respuesta antes de los diez días de plazo que fijaron los supremos y, según pudo reconstruir este diario, marcaron que el informe elaborado estaba dentro de la legalidad, respondía al pedido de un fiscal y cumplía con todos los preceptos y protocolos del organismo. Leopoldo Moreau, titular de la Comisión Bicameral de Inteligencia que monitorea a esta oficina, había dicho que los supremos se estaban entrometiendo en una investigación penal. Ahora el enigma es qué harán los jueces.
Tampoco está descartado que se plantee y profundice alguna discusión sobre el espectro de actividad de la DAJuDeCO, que se diversificó después de su traspaso a la Corte por un decreto del gobierno de Macri, cuyo principal interés era sacarle las escuchas telefónicas a la Procuración General, cuando todavía la dirigía Gils Carbó. Luego, bajo la órbita suprema y la dirección del camarista Martín Irurzun, empezó a actuar como auxiliar en causas judiciales.
En medio de esta polémica, un dato llamativo que reveló Ámbito Financiero es que la DAJuDeCO está en un plan de expansión para instalar delegaciones en distintos puntos del país y recluta gente en la Facultad de Derecho sin poder explicar bien las funciones. En el organismo señalan a Página/12 que hace tiempo tienen delegaciones, que son 26, pero que es cierto que quieren "federalizar" su funcionamiento. Las últimas dos se instalaron en Rawson y General Roca. Lo más curioso es que las delegaciones originariamente tramitaban pedidos de escuchas (no hacen intervenciones telefónicas) y se ocupaban del envío de grabaciones en CDs, pero hoy todo ese proceso está digitalizado.
Fuente: página12.com.ar