Las empresas que prestan los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes le pidieron al Gobierno que les autorice un aumento de tarifas en torno al 45%, lo que se traduce en un impacto en las boletas finales de los usuarios en torno a un 15%. Además, solicitaron un esquema de incrementos mensuales de sus ingresos para que no pierdan contra la inflación y se garanticen los fondos para las inversiones.
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